蜜豆视频

El profesor Agustín Barroilhet participó el pasado 9 de diciembre en el Simposio "Independencia Judicial y accountability en Latinoamérica", invitado por la Robbins Collection de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos).

En su presentación, el académico enfatizó que existe un riesgo en el control burocrático de la judicatura, sobre todo cuando éste se utiliza con intencionalidad política, es decir, con el objetivo de atacar ciertas prácticas, a cierto tipo de jueces, o cierto tipo de procedimientos.

No obstante, aclaró que es necesario que la judicatura, como parte del aparato del Estado, se sujete a estándares de eficiencia y transparencia y a los índices de desempeño que se definan como relevantes para el cumplimiento de sus funciones. Ello, sugirió, reenvía el problema al andamiaje institucional, donde dichos estándares e índices se definan.

Según el profesor Barroilhet, el órgano o entidad a cargo de balancear el control burocrático e independencia judicial debe ser determinado de acuerdo a la estructura constitucional de cada país y debe ser aquel que minimice los riesgos de pérdida de independencia judicial particularmente, donde la pérdida es menos visible políticamente, como es el caso de los tribunales inferiores. Esto puede significar, en la práctica, que el órgano correspondiente esté dentro o fuera del poder judicial, o como una institución constitucionalmente independiente.

Respecto de la transparencia, eso sí, el profesor Barroilhet hizo la prevención que – precisamente por que lo que se busca es que los jueces actúen como tales y no como políticos – la transparencia en el ejercicio judicial debe tener límites y estar intermediada o ser menos fluída que lo que permiten hoy, por ejemplo, las redes sociales.

De otra forma, se arriesga a que los jueces comiencen a hablar directamente a los grupos de poder que los ayudan a llegar y a subir en la carrera judicial, lo que debilita la aplicación del derecho y politiza el nombramiento de los jueces, dejándole menos espacio a la justicia y la protección de minorías que tiene en el poder judicial su único bastión de defensa.